DATA
02/11/2016 – 04/11/2016
Buenos Aires
Província de Buenos Aires
Argentina
Exportação
Empresários do Estado de São Paulo interessados em participar de uma missão para incentivar novos negócios com a Argentina podem entrar em contato com a Investe São Paulo, que promove a missão empresarial em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Será realizada entre os dias 2 e 4 de novembro.
Para inscrever-se, clique aqui.
Para informações detalhadas, clique aqui ou mande mensagem para info@hochmann.com.ar.
A Investe SP espera levar cerca de 50 empresas à Argentina, e até o momento, mais de 30 empresas já manifestaram interesse em participar da seletiva da missão.
Hoy tenemos una Ley PYME, la 25.300, algo bueno que dejó la gestión De la Rúa-Machinea (aunque probablemente el mérito corresponda a Rozenwurcel y los economistas de la UNSAM), pero enfocada sólo en el acceso al crédito, luego hay una Ley para Jóvenes Empresarios (25.872, iniciativa del diputado Rial, expresidente de la UIPBA, cuyo hijo conduce la rama juvenil) cuyo contenido en rigor se refiere a jóvenes emprendedores.
El diputado Heller propone una ley PYME inspirada en la gestión Gelbard (1973), que restablece la corporación estatal de aquella época que mediaba en el mercado de insumos estratégicos y monopólicos, ejemplo acero, para facilitar a las pequeñas firmas su acceso a los mismos en condiciones competitivas.
Todo esto está muy bien, pero a mi entender necesitamos una ley destinada a las Microempresas y Emprendedores. El abordaje conjunto obedece a que la mayoría de las nuevas firmas comienzan como microempresas, por lo cual los beneficios que se le dén a éstas pueden aplicarse perfectamente a los emprendedores, y la justificación de la necesidad radica en que, cuando se ven las estadísticas, el segmento micro tiene un peso en cuanto a empleo que es equiparable a los de mayor entidad. Es claro que la línea divisoria entre una microempresa y un trabajador independiente es difusa, pero esto no es un problema, ya que el diseño del instrumento lo resuelve fácilmente. Quiero decir, por ejemplo, que si la razón por la cual nos interesa apoyar a la microempresa es por su peso en el empleo y por el carácter precario e informal de éste, consideraremos microempresa sólo a aquella que tiene trabajadores registrados o desea incorporarlos.
Una de las motivaciones de enfocarse en este segmento es que, si bien la actual política PYME abarca en teoría a las microempresas, éstas naturalmente tienen menos chances reales de acceder a los beneficios. En el FONAPYME (uno de los mejores instrumentos de la Ley 25.300, bien aplicado en la gestión actual) las empresas compiten con sus proyectos por obtener créditos a un costo financiero total menor (CFT) al 10%, y la elaboración del proyecto en sí puede resultar una tarea fuera del alcance de un microempresario, y ni siquiera interesante para un consultor que trabaje a riesgo (ya que el honorario que puede cobrar como “fee” de éxito es muy bajo o encarecería demasiado el beneficio). Si bien existe una línea específica para microempresas, el FoMicro (administrado por el Banco Nación), creada por Poli cuando fue titular de la SEPYME, el CFT de la misma, paradójicamente, es superior al de FONAPYME (12%, a lo cual se le puede agregar 5% como honorario de gestión de la ONG que trabaja como ventanilla). O sea, actualmente la política de fomento dirigida específicamente a las firmas más chicas da un beneficio menor que el que se les da a las pequeñas y medianas.
De todas maneras, no creo que la discusión deba agotarse en el crédito. Por empezar, la asistencia financiera enfrenta varios obstáculos además del CFT. En verdad, hay otras formas mucho más eficaces y eficientes en que el Estado puede apoyar a las PYMES, ya que las mayores cargas que tienen éstas son los impuestos y el costo laboral. En un momento en que el Tesoro nacional goza de buena salud, porqué no pensar por ejemplo en estirar los plazos de pago del IVA para las microempresas? De esta forma, se le permite al microempresario operar dentro de la legalidad, comprar insumos y vender su producción con factura sin tener que pagar el costo financiero del IVA, originado en la extensión del ciclo de producción, venta y cobranza. Así mismo, podría pensarse en aportes patronales reducidos para las microempresas, así como en darles preferencia en los regímenes que subsidian salarios por la incorporación de beneficiarios de planes sociales o personas con discapacidad -incentivos captados casi excluyentemente por las grandes empresas.
Este tipo de medidas de alcance generalizado, hoy inexistentes en Argentina (la microempresa tiene el mismo tratamiento que la grande), complementan (no sustituyen) a los programas focalizados como los créditos blandos o los subsidios para consultoría y capacitación.
Muy interesante el artículo de ayer sobre el régimen especial de promoción de Tierra del Fuego; me mueve a difundir este otro blog, hecho por jóvenes fueguinos que estudian en La Plata, y que me pareció, de todo lo que he leído, la más clara, frontal e integral defensa de la política vigente.
Seguramente nadie crea que el cuadro actual de la industria fueguina sea el ideal, pero tampoco es la catástrofe que a veces se sostiene. En rigor, no puede ser el régimen fueguino el culpable de la brecha tecnológica, la responsabilidad le cabe más bien a la política arancelaria general del Mercosur y al nivel de salarios que hay en Argentina. Pero estos instrumentos forman parte de una estrategia de desarrollo más amplia.
Quizás esa estrategia de industrialización pueda ser mejorada para corregir algunas fallas, pero pareciera muy superficial calificar una política de desarrollo de acuerdo a qué tan fácil o tan difícil es para los consumidores acceder al último modelo de teléfono celular o al televisor de pantalla plana más moderno…
De todas maneras cuando en el ámbito profesional nos ponemos a hablar de la provincia de Tierra del Fuego, siempre me parece que hay algunos temas que merecerían más importancia de la que se les dan.
Por un lado, la capacidad de innovación local asociada a la industria electrónica. El desarrollo tecnológico no puede limitarse a ir incorporando procesos manufactureros más complejos que son “bajados” desde otras latitudes. En la isla se dicta la tecnicatura en programación en las dos ciudades, Ushuaia y Río Grande, y la licenciatura en informática en la capital. Con herramientas tan generosas para emprendedores como el FONSOFT del MINCYT o el programa de apoyo al Empresariado Joven de SEPYME, una pregunta que surge desde afuera es: ¿qué falta para que se genere en la isla un polo informático en condiciones de desarrollar y dar soluciones dentro y fuera de la provincia, para el país y para el exterior?
Si uno de los obstáculos para la actividad productiva fueguina es la distancia con respecto a los grandes centros de consumo y producción, con su impacto en los costos de flete, que afecta la competitividad de la manufactura propia tanto como el costo de vida local, o el elevado nivel de salarios demarcado por las empresas petroleras y de ensamble de electrónica… el desarrollo de software y los servicios informáticos precisamente es poco vulnerable a esos factores. No se ven afectados por la distancia porque no hay transporte físico de mercadería, pero sobre todo, existe en las grandes ciudades del país una abrumadora escasez de programadores que, sumada a la creciente inserción internacional del sector, acerca los salarios de los trabajadores informáticos argentinos al promedio global, independientemente de la provincia donde residan.
El otro tema ausente del debate es la necesidad de fomentar actividades económicas basadas en los recursos y las condiciones naturales. Esta es una línea de acción en la que el Gobierno de la Provincia está dando pasos firmes, superando muchas dificultades pero con profesionalismo, seriedad y creatividad en aquellos sectores de mayor arraigo en la isla como son la fabricación de muebles con maderas nativas, la pesca, la lana y la turba como insumo agrícola.
En definitiva, es excelente que se incentive la agregación de valor en la industria electrónica ya instalada en Tierra del Fuego, pero también se debe prestar atención al desarrollo endógeno basado en el potencial de los recursos naturales y el capital humano y social existente en la isla. Es importante promover en ese sentido el emprendedorismo para que los jóvenes fueguinos tengan acceso a otras opciones de vida que les permitan desarrollarse integralmente como personas y ser dueños de su propio futuro, para no tener que estar cautivos de los beneficios que se negocian o se administran en Buenos Aires, Brasilia o San Pablo.
Ya que estamos en el Día de la Madre…
…como anticipaba en un comentario anterior, en el congreso de AEDA compartí la mesa de ponencias con un interesante trabajo de Eugenia Inchauspe y Magdalena Marlow, maestrandas en Economía Política de FLACSO, analizando el recientemente lanzado “Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores”, desprendido de la Ley N° 25.872. Como es una iniciativa recién puesta en marcha, aún no hay resultados para evaluar, pero las autoras encienden una señal de alarma sobre el riesgo de que este régimen otorgue “espacio suficiente a posibles comportamientos abusivos por parte de las empresas madrinas”.
La “madrina” benévola ideal podría transformarse o encubrir algo más parecido al personaje malvado que encarnan muchas madrastras en los cuentos infantiles (esta alegoría literaria es un agregado mío, sin ningún ánimo de ofender a las madrastras buenas, claro…).
Les preocupa a Eugenia y Magdalena la posibibilidad de que los beneficios fiscales sean utilizados por la gran empresa para “construir y/o fortalecer esquemas jerárquicos de coordinación”, donde la “madrina” coarte el crecimiento y desempeño competitivo de los emprendimientos jóvenes. dado que la gran empresa naturalmente tiende a “ejercer el control y la coordinación del conjunto productivo” mientras que “el margen de maniobra que puede detentar una MiPyME dentro de una cadena de valor, en ciertas ocasiones, resulta ser muy acotado”.
Consideran por tanto que este régimen podría ser utilizado para profundizar la concentración económica en una trama productiva, es decir lo contrario a lo que se propone en su enunciado.
Escuchando su presentación venían a mi mente los casos de las cooperativas “truchas” de procesamiento de pescado en Mar del Plata o las de cosecha de fruta en Cuyo, pseudo-empresas de tercerización creadas por los grupos empresarios dominantes del sector para reducir costos evadiendo impuestos e incumpliendo la legislación laboral, mediante el truco de organizar a sus trabajadores bajo un esquema de subcontratación.
Por otro lado, como señalan las autoras, hay un artículo de la ley que prohíbe que los fondos aportados por la “madrina” sean destinados a la compra de productos o servicios de ésta misma; sin embargo, nada dice acerca de que el financiamiento esté condicionado a que la “empresa jóven” quede cautiva de la utilización de insumos o tecnologías (lenguajes informáticos, por ejemplo) provistas por la “madrina”. Es decir que por más que no destinen esos fondos a ese fin, es posible que exista un condicionamiento paralelo que restrinja las posibilidades de la nueva firma de elegir a sus proveedores, creando entonces un sistema donde la libre competencia está inhibida desde el inicio.
Asimismo, ni la ley, ni el decreto que la reglamenta (941/09) ni la disposición que la pone en marcha (SEPYME 735/10) contienen referencias a la propiedad intelectual de las innovaciones que las empresas jóvenes puedan crear o desarrollar. Si bien existe una prohibición de que la “madrina” absorba a la empresa joven en sus primeros años de vida, nada se dice sobre la posibilidad de que una gran empresa “madrina” utilice el 50% de subsidio del Estado para financiar un proyecto de I+D en un emprendimiento ajeno, y luego le compre la innovación obtenida.
La inquietud me llevó a revisar la normativa, llegando a la conclusión de que los riesgos señalados son reales, pudiendo ser evitados mediante una reglamentación más estricta, además, claro, de la forma en que se aplique. La ley en sí misma no especifica qué tipo de emprendimientos quiere apoyar, ni tampoco dice qué objetivo social quiere lograr mediante el fomento del emprendedorismo (empleo, diversificación productiva, etcétera). Únicamente en su artículo 8vo se establecen prioridades tales como “nichos sectoriales de alto valor agregado; promover la asociatividad y la creación de redes de producción”, etcétera.
Pienso que en el programa de las “empresas madrinas” estas prioridades deberían ser condiciones excluyentes, con lo cual luego la clave estaría en una evaluación rigurosa a fin de evitar los males señalados.
Desde mi punto de vista, el instrumento es interesante, si bien coincido en que hay riesgos de desvío en cuanto a los propósitos anunciados, que pueden evitarse.
Encuentro que puede ser una buena oportunidad para que se completen de esta forma cadenas productivas regionales aumentando la competitividad y sostenibilidad del conjunto, y no me limitaría a ver a grandes empresas como potenciales “madrinas”, me gustaría mucho más ver clusters o consorcios de pequeños productores que suman su crédito fiscal para desarrollar un emprendimiento que resuelva problemas comunes de suministro, procesos de agregación de valor o comercialización.
Será clave, como en muchos otros casos, la “sintonía fina” para obtener el máximo provecho de la herramienta, pero intuyo que la autoridad de aplicación tendrá, más tarde o más temprano, que hacer algunos ajustes para prevenir la proliferación de “madrastras malvadas” disfrazadas de “hadas madrinas”*.
* No quisiera con esto reforzar el sentido peyorativo del término; por el contrario, vayan en el Día de la Madre, nuestros mejores deseos a todas las mujeres que lideran “familias reconstituidas”; al menos desde la teoría evolutiva de la firma, en las segundas nupcias, disfrutarán los beneficios de la curva de aprendizaje! Muchas felicidades!
Desarrollo & Comercio 