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Crítica al proyecto de reforma del sector financiero de Heller

agosto 13, 2010

El proyecto de ley que Carlos Heller como diputado nacional promueve bajo el nombre de “Servicios financieros para el desarrollo económico y social” (ingresado en la Cámara como expediente 2531-D-2010) fue expuesto el lunes en Fundación Protejer. En este comentario nos referiremos exclusivamente a sus implicancias para el desarrollo productivo, contenidas en especial en los artículos 35 (inciso c) y 43, ya que el resto se refiere al funcionamiento general del sector financiero y a temas relativos a los usuarios particulares, sobre lo cual no soy la persona más entendida para opinar.

Las cláusulas señaladas establecen la obligación de que la cartera de créditos de los bancos comerciales se destine en un 38% a las PYMES y en un 2% a microemprendedores, siendo éstos valores mínimos, claro. Se les permite hacerlo en forma indirecta (por medio de otras entidades), para el caso de que, por su perfil de especialización, no tengan llegada efectiva a esos segmentos, y por otro lado, disponen que la tasa de interés en los préstamos a PYMES no debe exceder más del 5% de “la Tasa Media del sistema financiero para ese segmento”.

No se discute el espíritu de la norma, en cuanto a ampliar y facilitar el financiamiento a la PYME, pero pareciera que la propuesta considera que la única razón por la cual este tipo de empresas no acceden a préstamos es por el costo del mismo. Es un factor clave, por eso los excelentes resultados de los programas como FONAPYME y la bonificación de tasas. Como sabemos, la existencia de garantías es otro de ellos, que se intenta paliar con las SGR, pero insuficientemente. Pero en rigor, como no se cansa de señalar Hernán Vigier (Universidad Nacional del Sur), la tasa y la sobre-exigencia de garantías son consecuencia de un fenómeno de “selección adversa” originado en un conjunto de causas como las asimetrías de información, el costo relativo de la evaluación de los préstamos más chicos, la informalidad contable y documental de las PYMES, poca capacidad técnica para la formulación de proyectos, etcétera.

El proyecto de ley de Heller impone una meta de desempeño (un porcentaje de la cartera de créditos debe ir a las PYMES) y la unica herramienta que ofrece para facilitarlo es el control de tasa (es decir, ya no que el Estado subsidie la tasa de interés, pagándole la diferencia al banco, sino que el banco deba aceptar una tasa determinada forzadamente).

Por otro lado, pero también relacionado a lo anterior, la única disposición del proyecto para favorecer el acceso equitativo al sistema financiero, geográficamente hablando, es promover la apertura de filiales o puestos de atención en las localidades más chicas mediante un sistema de incentivos cruzados.

Siempre hablando desde lo productivo, me preocupa que el ahorro de los depósitos de las regiones menos desarrolladas se termine prestando en las zonas más ricas del país. No hay convergencia posible entre regiones si esto ocurre. La concentración del sistema financiero en pocos bancos de alcance nacional (que comenzó precisamente con la reforma de Martínez de Hoz, a la cual este proyecto aspira a revertir) lleva a que las decisiones de otorgamiento de créditos se tomen en las casas matrices ubicadas en la Capital Federal principalmente, por lo que el desconocimiento de la realidad de las economías regionales, el desconocimiento mismo de los actores, y la misma distancia (en todo sentido) entre el evaluador y el solicitante se agrega como un importante factor en contra del acceso al crédito de las zonas más alejadas.  La mejor solución para esto son las entidades financieras locales o regionales, del estilo de las cajas de crédito que empezaron a extinguirse a raíz de la reforma de los ´70 y luego la de los ´90. Ese tipo de entidades propicia un mayor conocimiento y diálogo entre el solicitante del préstamo y el evaluador, y con ellas puede haber mayor identificación con los intereses de la comunidad.

El proyecto de ley Heller no establece ningún requisito de distribución regional de los préstamos al sector productivo; mínimamente a lo que uno aspira, en línea con los objetivos democratizadores de la propuesta, es que al menos una parte significativa de los ahorros de las regiones pobres quede en ellas, para no profundizar su atraso (en realidad para una efectiva convergencia sería deseable una transferencia de recursos de las zonas más ricas a las más pobres, que en teoría se hace por la coparticipación federal, pero eso ya es otro tema). Expresé esta crítica en la reunión en Protejer, ante lo cual los panelistas admitieron que era un planteo justo e interesante para eventualmente incorporar.

Mi preocupación es que el proyecto de ley no sólo no contiene ninguna disposición en ese sentido sino que por el contrario, podría pasar que las nuevas exigencias que se fijan compliquen el funcionamiento de entidades financieras locales o regionales. Se podrá argumentar que ya casi no queda este tipo de instituciones, sin embargo tengo la sensación (y podría dar varios ejemplos) de que están volviendo, no en el formato de principios del siglo XX (cajas de crédito impulsadas por comunidades de inmigrantes o productores rurales) sino como resultado del nuevo fenómeno del microcrédito.

El proyecto en su conjunto me parece una iniciativa positiva que vale la pena discutir ampliamente (hay otros dos proyectos de reforma financiera, de Federico Pinedo y de Gerardo Milman, que podremos comentar otro día), los objetivos, en materia de desarrollo productivo, son meritorios, pero me parece que hay que trabajar un poco más en la forma por la cual la propuesta normativa pretende alcanzarlos.

Desde ya, para formar su propia opinión sobre estos temas, recomiendo leer los proyectos completos en el sitio de la Cámara de Diputados.

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